Los empleados públicos que arrogándose facultades judiciales, impusieren algún castigo equivalente a pena corporal, incurrirán: 1.° En inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados, si el castigo impuesto fuere equivalente a pena de crimen. 2.° En la misma inhabilitación en sus grados mínimo a medio, cuando fuere equivalente a pena de simple delito. 3.° En suspensión de cargo u oficio en cualquiera de sus grados, si fuere equivalente a pena de falta.